La Audiencia Nacional remite al Juzgado de Chiclana el sumario de 'La Libertaria'

Juan Pérez Silva quiere enterrar a sus muertos. El hijo de La Libertaria tiene 75 años, ya está pensando en «hacer las maletas», y no entiende que en un país que se considera «democrático y civilizado» algo tan humano y tan natural como saber dónde descansan los restos de sus padres le esté costando una odisea judicial que amenaza con llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo. Juan insiste en que no se trata de recuperar un puñado de huesos. Se trata de que este país recupere, de una vez por todas, la vergüenza.

Hace dos años, apoyado por la Asociación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, presentó en la Audiencia Nacional una denuncia por la «detención ilegal y la desaparición forzada de María Silva Cruz», ocurrida en agosto del 36. Baltasar Garzón, a quien correspondió la causa por reparto, incoó las Diligencias Previas. El Ministerio Fiscal lo recurrió, pero el juez no admitió el recurso. Tres días más tarde, para sorpresa de todos los que esperaban que el caso de María Silva sentara por fin jurisprudencia, Garzón se inhibió en un auto en el que remitía la competencia a los juzgados de Instrucción. El 26 de junio de 2009, siete meses después de que comenzara el proceso, el Juzgado de Chiclana se hizo cargo del sumario.

Punto de partida

Cecilio Gordillo, uno de los múltiples apoyos de Pérez Silva en su larga lucha contra el olvido, no se muestra excesivamente optimista con este pequeño «paso adelante». «Es cierto que desbloquea una situación inadmisible y saca la causa del impasse en el que se encontraba tras el quiebro de Garzón», reconoce, «pero puede que ahora Chiclana traslade el asunto a instancias superiores y volvamos al punto de partida, aunque la familia está dispuesta a ir a Estrasburgo si la justicia española no responde».

El punto de partida, en realidad, es una choza de cañas y barro, en el Casas Viejas de 1933. María Silva se convirtió en un mito después de sobrevivir a los trágicos sucesos que marcaron el principio del fin de la República. En agosto de 1936, tras la ocupación del pueblo por una columna de guardias civiles sublevados, fue detenida y llevada por la fuerza a la la cárcel de Paterna. A La Libertaria la acompañaba su hijo, que por entonces contaba con 15 meses de edad. En la madrugada del 24 de agosto fue trasladada a un lugar desconocido y fusilada junto a Martín Menacho Díaz y Catalina Sevillano.

Según explica Gordillo, «nuestra denuncia entiende que los crímenes de guerra son imprescriptibles, conforme al Derecho Internacional Humanitario», y por eso espera que sea el propio Juzgado de Chiclana el que «adopte por fin medidas instructoras que esclarezcan lo que ocurrió».

De entre todos los derechos que le fueron cercenados a la familia de María Silva, «el que más duele es el de la negación de la memoria», recalca Gordillo, que entiende que la relevancia del caso de María Silva radica en que «es un personaje mítico que representa la violencia que sufrieron miles de españoles».

Más allá de símbolos, imaginarios e ideologías, la de María Silva y su familia es la historia inconclusa de un hombre que quiere descansar tranquilo, la de un hijo que nunca conoció a su madre, y la de un sistema judicial que lleva 75 años ciego, sordo y mudo.

(Fuente:La Voz Digital)