Un subinspector dirigía la empresa de seguridad de Balcón de Rosales

El subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Francisco Javier Ortega Sánchez, de 39 años, era uno de los directivos de Fortesa Mantenimiento, la empresa que daba la seguridad en la discoteca Balcón de Rosales. Así lo ha sacado a la luz un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos del cuerpo después de que muriera tras recibir un fuerte golpe en el pecho Álvaro Jesús de Ussía, de 18 años, el pasado 15 de noviembre. Los agentes que han seguido al mando policial también han deducido que existe una relación sentimental entre la administradora única de Fortesa, Ana Isabel Moreno Fernández, y el subinspector.

Francisco Javier Ortega está destinado en la actualidad en la Unidad de Centauros (servicio de noche) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Madrid. Allí ejerce las funciones de jefe de subgrupo operativo. Ahora está retirado del servicio, ya que participa en el curso de ascenso a inspector. Al ascender a subinspector fue destinado a Barcelona. Es conocido por sus compañeros como Frank o Franky.

El informe del Grupo I de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, consta de nueve folios y cuatro anexos. La primera información que recoge es que Ortega Sánchez fundó Fortesa Mantenimiento el 26 de marzo de 2004, con sede social en la calle de Sierra Bermeja, en Puente de Vallecas. La sociedad la formaban tres personas: Ana Isabel Moreno, Ortega y José Luis R. M. Los dos primeros tenían el 35% del accionariado. El 30% restante era del último socio, que también es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y está destinado fuera de Madrid. En el informe policial no consta que ahora esté vinculado a esta compañía.

De hecho, Fortesa pudo formarse, según Asuntos Internos, como un acrónimo del nombre del subinspector: Francisco Javier ORTEga SÁnchez.

Los agentes de Asuntos Internos han interrogado a los porteros de Fortesa que trabajaban en Balcón de Rosales y a personas relacionadas con las empresas que prestaban servicio en ésta. El representante legal de Leisure Parks SA (la entidad encargada de explotar el restaurante y la discoteca), Lamberto Fresnillo, aseguró que hay un borrador de un contrato entre ambas sociedades. En el tercer párrafo de la cláusula quinta de ese contrato consta que Francisco Ortega fue designado "para mantener los contactos e informaciones oportunas", además de coordinar entre ambas empresas los servicios que iban a prestarse.

Los agentes de Asuntos Internos, que han tardado cerca de tres meses en completar su investigación, interrogaron a la mayoría de los porteros que trabajaron el sábado 15 de noviembre. Llegaron a la conclusión de que había 10 vigilantes en las distintas partes de la discoteca.

Los porteros reconocieron que conocían tanto a Ana Isabel Moreno como a Francisco Javier Ortega. Incluso a este último le habían visto algunos "en dos o tres ocasiones" en Balcón de Rosales en compañía de Moreno tomando unas bebidas.Los porteros sabían que Ortega es un mando policial y que prestaba servicio en la Unidad de Centauros. "A Ana se la ha visto en un par de ocasiones en la discoteca. Siempre acompañada de su pareja, llamada Fran, del que se sabe que es policía", afirmó un portero, Héctor H. A., ante Asuntos Internos, según recoge el informe. El hombre confesó que la discoteca había tenido algunas inspecciones por parte de la Policía Municipal y Nacional mientras él trabajaba como portero. En ninguna de ellas participó Fran, según su testimonio ante la policía.

"A juicio de esta investigación, los vínculos societarios y afectivos entre el subinspector Francisco Javier Ortega Sánchez y Ana Isabel Moreno determinan una unidad de dirección en la gestión, contratación y control de personal laboral por cuenta de la empresa Fortesa Mantenimiento", concluye el informe del Grupo I de Asuntos Internos. Éste fue abierto a raíz de que la gestión de Francisco Javier Ortega en Fortesa puede ser incompatible con la actividad de funcionario policial, según recoge el Reglamento de Régimen Disciplinario del cuerpo.

La actividad de encargado o responsable de una empresa de seguridad está prohibida por varias leyes y normativas que obligan a los funcionarios, y en especial a los policías. Además de la Ley de Incompatibilidades, las normas internas del Cuerpo Nacional de Policía impiden el ejercicio de cualquier tarea que pueda interferir en su trabajo habitual.

"No firmo contratos"

Ortega Sánchez negó todas las imputaciones en conversación telefónica con EL PAÍS y aseguró que la Unidad de Asuntos Internos tendrá que demostrar el contenido de su informe ante un juez. "No voy a permitir que se me calumnie y se me injurie. Ni firmo contratos ni soy responsable de nada de lo que se me acusa. Deberán probarlo", aseguró el subinspector de policía. "Ir a tomar copas a un lugar de moda no es delito, vaya con quien vaya. Además de al Balcón de Rosales, voy a otros lugares y no veo el menor problema", añadió el mando policial.

Por el crimen de Álvaro Ussía permanecen en prisión Antonio Sánchez Serrano, conocido como Pitoño, y David Sancio Gutiérrez, ambos de 33 años. El tercer portero imputado, David Alonso, de 25 años, quedó en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros.

(Fuente:El País)

Es curioso que se gaste el dinero del contribuyente en perseguir a un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado por un caso de incompatibilidad laboral. Primero porque siendo del mismo cuerpo y sabiendo la mierda de sueldo que tienen, comparado con otros cuerpos de comunidades autónomas y entidades locales, se les debería caer la cara de vergüenza a los de Asuntos Internos. ¿Por qué no hacen uso de esos recursos para destapar los casos de corrupción flagrante que comenten los políticos de todo signo enchufando a familiares en empresas públicas? ¿Por qué no persiguen a los médicos que, mientras tienen colas interminables para operar pacientes en la Sanidad Pública, realizan por un precio elevado las mismas intervenciones en consultas privadas? ¿Por qué no investigan las relaciones entre ciertos despachos de abogados de renombre y ciertos jueces? ¿Me van a decir que es en la Policía en dónde se dan este tipo de cosas únicamente?

Es cierto que, cuando uno se decide a presentarse a las oposiciones para el CSP, se debe ser consciente de las limitaciones económicas que eso implica; pero no es menos cierto que, dadas las circunstancias actuales, en las que el trabajo de Policía resulta algo que se ningunea por parte de legisladores, justicia, prensa, los mismos delincuentes que se ríen en la cara de los agentes cuando salen por la puerta en libertad hasta el juicio, la única salida que queda es intentar sacar adelante a la familia cómo sea. Y lo mejor es que no se puede hacer de forma honrada, compatibilizando la labor policial con otra actividad, porque entonces se investiga y demoniza a los responsables. ¿Sería mejor que se hubiera dedicado a la extorsión, a recibir sobornos o a guardar la puerta de algún club de alterne? ¿Que quiere decir este artículo de prensa, qué el culpable de que haya hijos de puta por hay dando palizas de muerte a chavales es el subinspector? 

Vamos a ser serios, señores, que cada vez que la cagan los mandos de los cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, los políticos, los empresarios, los delegados del gobierno, y la madre que nos parió a todos, la culpa es de los agentes de Policía y/o Guardia Civil. Ya está bien. Defiendan a nuestros defensores, antes de que se den cuenta de cómo los tratan y no salgan a la calle. 

Menos mal que no me dejé llevar por la sangre y no me hice Guardia ni Policía, porque ya hace tiempo que estaría en la cárcel por hacer un uso incompatible del arma reglamentaria.