Hernán Díaz, Rodríguez y Fornell, imputados por la Casa de las Cadenas

El juez ve indicios de que el ex alcalde de El Puerto, su edil de Urbanismo y el arquitecto jefe del Servicio de Licencias conculcaron la ley y se concertaron para demoler un edificio histórico y protegido.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Puerto ha declarado imputados de un delito de prevaricación en el caso de la Casa de las Cadenas al ex alcalde portuense Hernán Díaz, al ex concejal delegado de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez y al arquitecto jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell. En un auto con el que finaliza la instrucción de la causa, el juez afirma que hay indicios de que los tres responsables municipales conculcaron de manera llamativa la legislación y se concertaron para demoler el edificio histórico y protegido con el objetivo de construir en el solar con fines mercantiles y especulativos. 

En esa trama participaron, según los indicios anotados por el juez, otros dos imputados más en el caso: Rufino y Juan Naves, administrador y consejero, respectivamente, de la sociedad propietaria de la Casa de las Cadenas, a quienes el Juzgado imputa la comisión de dos delitos, desobediencia y contra la ordenación del territorio. A Hernán y a Jiménez Fornell, además de prevaricación, el juez les imputa un delito de desobediencia grave.

El auto del juez Miguel Ángel López Marchena pone fin a un largo capítulo de instrucción de un procedimiento puesto en marcha cuando el grupo municipal de Izquierda Unida (IU) de El Puerto presentó una querella contra los ahora cinco imputados y contra otras dos personas a las que el magistrado ha dejado fuera de la causa (el arqueólogo Francisco Giles y José Pinto). IU consideraba, y ahora el juez viene a darle una primera razón, que la demolición de una parte de la Casa de las Cadenas, un inmueble situado en el Centro Histórico de El Puerto, había sido realizada de manera ilegal.

Tras el auto, el fiscal, la acusación particular, ejercida por IU, y la defensa presentarán sus escritos de calificación provisional, con los que acudirán al juicio. El fiscal decidirá en ese trámite si acusa a las cinco personas imputadas por el juez.

La Casa de las Cadenas es un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural y goza de un nivel de Protección Integral en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de El Puerto aprobado en 1991. El auto judicial, de 17 páginas, explica cómo el inmueble fue segregado registralmente en 1993 y cómo en 2002 el edificio es comprado por José Pinto, quien pretendía demolerlo para edificar otro destinado a la venta. Algo que no logró. Pinto también vende ese año la finca segregada y la compra la entidad Rufino Naves, S.A., de los imputados Rufino y Juan Naves.

El juez relata que hubo dos intentos frustrados de derribar el edificio. El tercero comenzó con un escrito al Ayuntamiento en julio de 2004 que solicitaba la demolición. El juez señala que un año antes, se ha producido un hecho relevante: Pinto pide al Ayuntamiento la declaración de ruina de la Casa de las Cadenas.

Un expediente concluyó que el edificio no se encontraba en estado de ruina. A continuación, explica el juez, Fornell, "apartándose de los precedentes previos, conculcando de manera llamativa la legislación aplicable y omitiendo el trámite previo de la consulta a la Delegación de Cultura", concertado con el alcalde, Hernán Díaz, y con el delegado de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, emite un informe que es incorporado a un decreto que ordena la demolición de la Casa de las Cadenas y Hernán concede la licencia de derribo.

Cultura ordenó paralizar las obras de demolición pero no lo consiguió.

(Fuente: DiariodeCádiz.es)

Y esto sin que estuviera en vigor el tan traído Estatuto que, como ya sabrán, ampliará las competencias de los ayuntamientos. Es que aún no parece haberse olvidado la época dorada de los consistorios locales, cuando los alcaldes eran dueños y señores del municipio, cuando se realizaron barrabasadas urbanísticas de manos de arquitectos municipales sin gusto ni sentido estético; cuando se vendían iglesias enteras a coleccionistas extranjeros, cuando en pos del desarrollismo económico y el comienzo del turismo de masas se destruyó el patrimonio arqueológico de gran parte de la costa mediterránea, etcétera. 

Esperemos que la cara punitiva de la ley ayude a proteger lo que queda en los pueblos y ciudades españolas de la voracidad de los promotores inmobiliarios, constructores y alcaldes prevaricadores. Más que nada porque está demostrado que un país con restos de su pasado resulta mucho más atractivo para el turismo que otro que sólo tenga sol y playa.  Si no ponemos remedio pronto y apostamos por el patrimonio cultural como recurso de riqueza socioeconómica, el turismo se marchará a sitios mejor conservados y que además son bastante más baratos. Tiempo al tiempo.