II Semana de la Memoria Histórica

La conferencia inaugural de Rafael López, presidente de la Asociación AMYJA, pretendía responder a la siguiente pregunta: ¿La recuperación de la Memoria Histórica es posible? 

Las conclusiones tras la charla fueron afirmativas, pero con los matices derivados de la oposición enconada del partido Popular a desarrollar la Ley promulgada por el gobierno anterior y de la tibieza con la que el Partido Socialista, allí donde gobierna, se ha enfrentado al tema. Otro obstáculo es la Ley de Amnistía de 1977, que impide que prosperen las causas emprendidas por desapariciones forzosas desde 1936, ley que los expertos de la ONU han pedido al Mariano Rajoy sea derogada.

Pero, obviamente, sin un acuerdo político entre todos los partidos del arco parlamentario no es posible emprender de forma seria tamaña tarea, por lo que las dificultades que encuentran los proyectos de recuperación de la Memoria Histórica son innumerables. El problema es la translación que de un problema histórico irresuelto se hace hacia la contemporaneidad. Es falaz pretender identificarse con aquellos hombres y mujeres que sufrieron una de las etapas más convulsas de la historia reciente de España, sobre todo intentando perpetuar la mentira franquista de los dos bandos enfrentados, adoptando una u otra postura al respecto según la tendencia política. Ninguna cuestión histórica puede resolverse sin la objetividad del reconocimiento de los hechos, y una verdad objetiva es que nuestros políticos actuales no son herederos ni de lejos de aquellos que defendieron las ideas de unas siglas u otras. Basta con investigar un poco en sus biografías para ver que la gran mayoría son hijos o nietos de los vencedores en la contienda civil que acabó con la II República, tanto los de derechas como los de izquierdas. Esto explica la reticencia de ciertos alcaldes del PSOE o Izquierda Unida a permitir el acceso de investigadores como José María García Márquez a los archivos municipales de sus ayuntamientos. En la presentación de su nuevo libro, sobre la represión militar en la provincia de Sevilla*, quedó probado que ha existido una clara intención de ocultar la realidad, incluso ya en tiempos ya democráticos; la destrucción sistemática de archivos no puede responder a otra razón más que a la de enterrar en lo posible la verdad, no otra que lo ocurrido con el golpe de estado de 1936 fue un genocidio planificado y ejecutado por los sublevados contra el orden democrático. Como bien afirmó el autor: las pruebas están ahí, las cifras pueden corroborarse documentalmente, cosa que no se puede decir de otros argumentos.

No entiendo, por tanto, que nuestros políticos no sean capaces de dejar a un lado los rifirrafes presuntamente ideológicos para afrontar una verdadera reparación hacia quienes perdieron la vida defendiendo la democracia frente a la sinrazón de un golpe militar. 

En mi opinión es necesario plantear como una tarea fundamental de la democracia actual, bastante perjudicada, dar una solución de Estado a una cuestión que arrastramos desde hace más de 70 años, empleando todos los medios disponibles para ello. Debería crearse un organismo público, con personal funcionario procedente de las diversas áreas disciplinares necesarias, que se encargara de la recuperación de la Memoria Histórica a nivel nacional, incluso con la supervisión y evaluación crítica  por parte de la ONU. Las conclusiones que se derivasen de estos trabajos serían un bálsamo para el espíritu democrático de la sociedad española y una lección acerca de los peligros de los extremismos de todo signo.  No se trata de ningún modo, como se empeña en repetir la derecha española, de remover viejas heridas ni de venganza, sino de reparar la injusticia de años de falsedades acerca de lo que ocurrió en España. Sólo conociendo toda la verdad se puede progresar hacia un estado verdaderamente democrático.

*Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963). 2012. ISBN: 978-84-96178-94-6 Ed. Aconcagua Libros/ AMHYJA, 2012.