Condenas y condenos

Después del revuelo que ha causado el tema de la "doctrina Parot", provocado por algo tan lógico como es que se dictamine que la retroactividad de las leyes no se acoge a derecho -uno de los principios básicos que se aprende en primero de carrera-, sigue manteniéndose eso tan español como es el no acatar las decisiones judiciales cuando no son a nuestro favor. Sólo acérquense a un campo de fútbol cualquier domingo y, a través de la continua falta de respeto que se tiene al equipo arbitral, verán lo que les digo.

Sorprende que sean los mismos miembros de un gobierno que, como se está viendo, legisla en contra de la libertad de expresión y manifestación popular de descontento, los que expresen su desagrado ante lo que debería ser asumido como una consecuencia natural de la mala praxis jurídica. No contentos con eso, además pretenden que se mantenga contra los liberados -ojo, la mayoría con penas cumplidas que se acercan bastante al máximo establecido en nuestro sistema penal y penitenciario- una condena unánime de rechazo, incluidos los familiares y camaradas de los expresidiarios, que no deberían alegrarse de la puesta en libertad de estos. En mi opinión, lo contrario sería lo anómalo, como lo es que los familiares de las víctimas no se tomen la justicia por su mano si creen que no se les ha hecho justicia, sobre todo espoleados por las declaraciones de quienes tenían, tienen y tendrán en su  mano la capacidad de legislar debidamente para que no se produzcan este tipo de hechos. 

Siempre lo he dicho y lo mantengo: si por desgracia me viera afectado por un acto de terrorismo en la persona de alguien querido, o por un hecho delictivo no calificado como terrorista - aunque me parece absurda la diferenciación, pues el terrorismo es una forma de contravenir la ley, desde el mismo momento en el cual se contempla como delito contra el estado y la sociedad-, no dudaría en dedicar el resto de mi existencia a acabar con los causantes del daño. Si esto lo dijera un político, se alzarían voces presuntamente ahítas de democracia en contra de lo que se presupone una declaración de naturaleza fascista; se postularían a favor de la eficacia del sistema penitenciario autorizadas y preclaras mentes; en definitiva, sería el fin de la carrera política de quien así se hubiera expresado públicamente.

Pero ahí está el ministro de Interior, tan contento, expresando su repugnancia ante la celebración, por parte de familiares y amigos de los terroristas liberados (insisto, aunque no nos guste, supuestamente redimidos del delito por el cumplimiento de las penas a las que fueron condenados),  de una fiesta en honor de los mismos. Quizás el señor ministro pretendiera que, tras pasar años en la cárcel por cometer actos en nombre mayormente, se supone, de quienes los reciben ahora con alegría, la reacción fuese de rechazo y ostracismo. A lo mejor esperaba que las familias de los presos políticos vascos -y lo de políticos no lo digo yo, lo afirma el reconocimiento tácito por parte de nuestro sistema judicial y penitenciario de la distinta categoría que tienen los que empuñan una Parabellum desde unas siglas frente a los que lo hacen desde su condición de vulgares delincuentes-, tras pasar el quinario de cárcel en cárcel durante años para poder visitar a sus seres queridos ahora les cerraran la puerta en las narices y los condenaran a vagar por Euskadi cual almas en pena eterna. Extraño máxime cuando el mismo gobierno del que forma parte el señor ministro de Interior reconoce que hasta los hijos de puta tienen derecho, qué digo derecho, obligación, de tener madre que los quiera y ame incondicionalmente, como se desprende del anteproyecto de ley del aborto presentado recientemente.

Luego está el tema de la eficacia de nuestro sistema penitenciario, puesto en duda desde el mismo momento en el cual se considera insuficiente para determinados reos y delitos. El objetivo de un sistema penitenciario debe ser el de la reinserción de los presos una vez cumplidas sus condenas, es por eso que no se les mantiene en celdas aisladas, a pan y agua, encadenados a la pared con pesados grilletes; es por eso que existen los beneficios penitenciarios como la reducción del tiempo de condena por buena conducta o por realizar determinadas tareas en el centro correccional. Supongo que será por eso por lo que se dedicarán 1.122.095.740 euros de los PPGGE-2014 a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; no estaría en equilibrio este gasto con los resultados, sobre todo si no se cree que el sistema funciona como es debido.

En el caso de que se produzca alguna ejecución de la ley del Talión por parte de familiares de las víctimas de los excarcelados, espero que no salgan los mismos que ahora fomentan el odio haciendo declaraciones de condena a la violencia, aunque nada me extrañaría ya.